El eco de la tragedia en San Antonio Abad 124 aún resuena en la Ciudad de México, trayendo consigo no solo el dolor por las vidas perdidas, sino también un torbellino de cuestionamientos sobre quién es el verdadero responsable en los delicados procesos de demolición. El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA), rompe el silencio para desentrañar el entramado legal de las llamadas ‘facilidades administrativas’ y dejar claro que, ante la ley, no hay exenciones que valgan. Prepárese para conocer los detalles que redefinen la supervisión de obras en la capital.
Tras el lamentable siniestro ocurrido el pasado 9 de marzo en el inmueble de San Antonio Abad 124, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, donde tres trabajadores perdieron la vida, el Gobierno de la Ciudad de México ha fijado su postura ante los señalamientos sobre el deslinde de responsabilidades. Inti Muñoz Santini, titular de SEVIVIENDA, se pronunció para aclarar la naturaleza y los límites del acuerdo de facilidades administrativas en materia de reconstrucción.
Un Mecanismo de Agilización, No de Exención
El funcionario capitalino enfatizó que existe una interpretación errónea sobre el propósito y alcance de estas facilidades. “Hay una interpretación equivocada de lo que tal vez no se entiende o no se conoce. El acuerdo de facilidades administrativas para obras relacionadas con la reconstrucción, en sus distintas actualizaciones anuales y como lo establece la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, es un mecanismo que busca agilizar el inicio de las labores de demolición de edificios en alto riesgo estructural”, sostuvo Muñoz Santini.
“Como lo dice claramente la propia ley, esto no está por encima de ninguna disposición de carácter legal y por supuesto no está por encima de la Constitución.”
Muñoz Santini subrayó que este instrumento opera siempre dentro del marco jurídico vigente, sin contravenir disposiciones legales ni constitucionales. Es decir, aunque busca simplificar procesos, no puede anular las responsabilidades fundamentales establecidas en la normatividad.
Las Obligaciones de Ley son Ineludibles
El titular de SEVIVIENDA fue categórico al aclarar que el acuerdo no es una licencia de obra en sí misma, ni sustituye las responsabilidades inherentes a la supervisión, verificación y autorización de los trabajos. Las alcaldías, en su carácter de autoridades competentes, mantienen sus atribuciones y obligaciones.
“La aplicación del acuerdo de facilidades no es una licencia y no exime a las autoridades competentes de llevar a cabo, a pie juntillas, sin interpretación de por medio, lo que señala la ley orgánica, el reglamento de construcciones, en materia de la obligación de verificar, supervisar las obras, asegurarse de que tengan medidas de seguridad y, en determinados casos específicos, dar licencia para una demolición.”
Si bien el acuerdo simplifica algunos trámites administrativos complementarios, esto no implica la eliminación de las obligaciones legales fundamentales. “El acuerdo de facilidades exenta algunos trámites de carácter complementario pero no exime de la aplicación de las obligaciones en materia de ley, las cuales son ineludibles e inobjetables, claras y precisas”, recalcó Muñoz Santini.
Claridad en la Norma: Las Alcaldías y sus Atribuciones
El cumplimiento de la ley es una obligación para todas las autoridades, y los tramos de responsabilidad en los procesos de demolición están, según el gobierno, claramente definidos en el marco normativo vigente. El funcionario detalló los fundamentos legales que respaldan esta postura:
“De acuerdo al numeral quinto, inciso III, de la Resolución de carácter general mediante la cual se otorgan facilidades, publicada el 14 de marzo de 2025; al artículo 32 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; al artículo 14, inciso B, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; y a los artículos 18 y 64 del Reglamento de Verificación Administrativa, es potestad exclusiva de las alcaldías verificar las disposiciones legales y administrativas en materia de construcciones y demoliciones.”
Como ejemplo de la aplicación de estas facultades, Muñoz Santini mencionó la obra de reconstrucción en Avenida México número 11, colonia Hipódromo, que fue objeto de una visita de verificación el 9 de diciembre de 2025, tras una orden emitida por la autoridad correspondiente.
El Caso San Antonio Abad 124: Cronología de un Siniestro
En el caso específico del inmueble en San Antonio Abad 124, se explicó que en octubre de 2025 se notificó la solicitud de un particular para realizar trabajos de demolición bajo el esquema de facilidades administrativas. Dicha solicitud fue analizada por la Comisión para la Reconstrucción, en cuyo órgano colegiado participa la alcaldía Cuauhtémoc, donde se determinó la procedencia de las facilidades, limitadas a la exención de algunos pagos de derechos y trámites complementarios.
“Se informa que el particular solicitó adherirse al acuerdo de facilidades, ¿cuáles son esas facilidades? La exención de algunos pagos de derechos y de algunos trámites secundarios. Sin embargo, la autoridad debe revisar lo que le corresponde conforme a derecho. Todo eso está especificado en la leyenda al final que indica los preceptos de ley que deben ser seguidos.”
El Gobierno capitalino detalló que, mediante oficio notificado el 24 de octubre de 2025, se informó sobre el otorgamiento de estas facilidades, pero reiteró que esto no exime a los responsables de la obra del cumplimiento de la documentación y requisitos establecidos en la ley. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2025, la autoridad correspondiente comunicó a la Comisión para la Reconstrucción su conocimiento del inicio de la obra, y el 12 de noviembre se realizó una verificación que constató la presentación del dictamen inicial que establecía la necesidad de demolición.
Apoyo a Víctimas y el Escrutinio de la Justicia
Inti Muñoz Santini también reiteró que, desde el primer momento, se brindó atención y acompañamiento a los familiares de las víctimas del derrumbe, bajo instrucciones de la titular del Ejecutivo local. “Se estableció contacto con las familias de las víctimas del derrumbe de San Antonio Abad 124, ocurrido el pasado 9 de marzo, quienes han comenzado a recibir los apoyos correspondientes por parte de la empresa encargada de la demolición; esto bajo la supervisión de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”, afirmó.
Finalmente, el Gobierno de la Ciudad de México reiteró su compromiso de actuar con estricto apego a derecho, cumpliendo con los procedimientos legales y administrativos. Informó que continuará colaborando con las autoridades competentes y dará seguimiento a las investigaciones en curso a cargo de la Fiscalía, donde se presentarán las pruebas documentales necesarias para el deslinde de responsabilidades.
